Ejercer un periodismo riguroso y comprometido con su vocación de servicio público conlleva asumir importantes riesgos. Cada vez es más habitual ver a periodistas y responsables de medios de comunicación sentados ante un juez para defender la legitimidad de las informaciones que publican, especialmente cuando estas afectan a personajes con visibilidad pública, poder e influencia.
La creciente tendencia de determinados actores a recurrir a los tribunales como forma de presión sobre los profesionales de la información no solo puede comprometer el ejercicio del periodismo, sino que también plantea desafíos para quienes, desde el ámbito judicial, trabajan por garantizar los derechos fundamentales.
Estas cuestiones han centrado el debate moderado por Sonia Blanco, vinculada a la Universidad de Málaga (UMA) y Canal Sur, con la participación de Inés María Herreros, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), e Ignacio Escolar, director de elDiario.es.
La desconfianza de la ciudadanía hacia la justicia ha sido uno de los primeros asuntos abordados. Herreros ha advertido de que se trata de un fenómeno que se ha acelerado en los últimos años y que trasciende las fronteras españolas. La vocal del CGPJ ha situado parte de sus causas en la crisis del derecho internacional humanitario, especialmente visible, a su juicio, en Gaza. La falta de aplicación efectiva de las normas internacionales, ha señalado, contribuye a normalizar una rebaja de los estándares de protección de la dignidad humana que termina afectando también a la confianza en las instituciones democráticas.
A ello se suman, según Herreros, los déficits en los mecanismos de control y equilibrio entre los poderes del Estado y la dificultad de la ciudadanía para comprender determinados procedimientos judiciales. Por eso, ha defendido la necesidad de acercar el conocimiento del derecho a la sociedad, incluso desde la educación escolar, para aprender a distinguir entre las críticas legítimas a la justicia y los ataques que realmente pueden comprometer la independencia judicial.
Pero si la desconfianza supone un problema para las instituciones, la judicialización tiene un coste muy concreto para quienes ejercen el periodismo. Ignacio Escolar ha explicado que elDiario.es ha llegado a acumular hasta 16 procedimientos judiciales abiertos simultáneamente, entre demandas civiles y penales. A ellos se suman burofaxes, solicitudes de rectificación y reclamaciones relacionadas con el derecho al olvido.
Según ha detallado, el periódico destinaba en 2024 unos 100.000 euros anuales a abogados, seguros y otros gastos jurídicos. En 2026, esa cantidad ronda los 300.000 euros y se acerca a los 400.000. Un dinero que, ha lamentado, preferiría invertir en periodistas.
El medio cuenta con un equipo jurídico que revisa las informaciones especialmente sensibles antes de publicarlas. Sin embargo, ni siquiera estas precauciones evitan acabar ante un juez. Escolar ha insistido en que el problema no es únicamente el riesgo de perder una demanda, sino el desgaste económico, profesional y personal que supone afrontar un proceso judicial, incluso cuando finalmente se gana.
Para ilustrarlo, ha recordado una demanda de 600.000 euros presentada por Ignacio González a raíz de informaciones sobre posibles casos de corrupción y que buscaban el cierre del digital. Escolar ha relatado la angustia que supone enfrentarse a una reclamación de esa magnitud sin contar con suficiente respaldo económico. Una presión que puede llevar a cualquier periodista a plantearse si merece la pena publicar determinadas informaciones. El mayor peligro, en ese caso, no es la condena, sino la autocensura.
La conversación ha planteado entonces una cuestión fundamental: ¿cómo distinguir entre el legítimo derecho de una persona a proteger su honor si lo cree conveniente y una estrategia judicial destinada a intimidar a un medio?
Herreros ha recordado que acudir a los tribunales constituye una garantía fundamental y que no todas las demandas contra periodistas responden a una intención de silenciamiento. No obstante, ha advertido de que el actual ecosistema informativo puede amplificar las consecuencias de cualquier procedimiento. Como ha señalado Sonia Blanco, mientras antes se esperaba habitualmente a que una demanda fuera admitida a trámite para informar sobre ella, ahora basta con anunciar la intención de presentarla para generar numerosos titulares.
Escolar ha mencionado como ejemplo la solicitud de conciliación promovida por el juez Juan Carlos Peinado contra elDiario.es y la periodista Esther Palomera, relacionada con las respuestas que el ministro Óscar Puente dio en aquella entrevista. Según ha explicado, este tipo de actuaciones pueden convertirse en una herramienta de presión y desprestigio incluso antes de que exista una querella penal.
El debate también ha puesto el foco en la responsabilidad de los medios frente a la desinformación. Escolar ha cuestionado los modelos de negocio que priorizan la obtención de clics sobre el rigor periodístico, frente a aquellos que dependen de la confianza de sus lectores. Una diferencia que considera esencial para entender la actual crisis de credibilidad.
A esta situación se añade, según los participantes, la desigual responsabilidad que se exige a los medios tradicionales y a las grandes plataformas digitales. Escolar ha criticado que los periódicos deban responder bajo una estricta regualación por los contenidos publicados mientras las redes sociales, pese a su enorme capacidad de influencia, operan bajo un régimen distinto. Herreros, por su parte, ha advertido de los riesgos de la desregulación digital y del impacto de la inteligencia artificial en la difusión de imágenes y vídeos falsos, cuyo daño reputacional puede resultar difícil de reparar incluso después de ser desmentidos.
Como ejemplo de las dificultades del periodismo de investigación, Escolar ha relatado el trabajo desarrollado por elDiario.es y Univision sobre las acusaciones de dos mujeres contra Julio Iglesias. Según ha explicado, la investigación comenzó con un correo anónimo recibido en enero de 2023 y se prolongó durante tres años, con entrevistas, documentación, asesoramiento jurídico en España y Estados Unidos y numerosos intentos de obtener la versión del cantante antes de publicar.
El director ha defendido que la obligación del periodista no consiste en garantizar que nunca se equivocará, sino en contrastar rigurosamente la información y actuar con diligencia. Aun así, ha señalado que el medio ha tenido que afrontar actuaciones judiciales relacionadas con la publicación.
La mesa ha evidenciado así la complejidad de encontrar un equilibrio entre dos derechos fundamentales: la libertad de información y la protección del honor, la intimidad y la propia imagen. Porque, aunque acudir a los tribunales debe seguir siendo una garantía para cualquier ciudadano, el riesgo aparece cuando el coste de defender una información termina convirtiéndose en un obstáculo para publicarla. Y es que el precio de la judicialización del periodismo no siempre se mide en indemnizaciones o facturas de abogados, sino también en las historias que, por miedo, nunca llegan a contarse.